¿LA SENTENCIA? ¿CUAL SENTENCIA?
La idea principal del proyecto es poner en tela de juicio la implementación que han tenido las medidas de la sentencia C-700 de 1999, la cual ordenó la disolución del sistema de financiación de vivienda vigente para la época, el UPAC e instaurar uno nuevo que corrigiera los errores del anterior, con la mínima cantidad de afectación para los deudores, quienes ya venían de perder sus viviendas por culpa de la disposición que se derogó. Y mostrar desde el punto de vista de los usuarios lo que significo la misma y de qué sirvió.
Después de realizar el trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que la sentencia fue ineficaz para resolver el problema de los miles de deudores.
Desde nuestra perspectiva existen varias evidencias que demuestran esto.
• Diez años después de ser proferida la sentencia, existen numerosas familias colombianas que continúan teniendo millonarias deudas hipotecarias por el sistema UPAC. Estas familias, pierden día a día sus casas por la imposibilidad de pagar los crecientes intereses de sus créditos.
• Existen todavía asociaciones de víctimas del UPAC que fueron fundadas alrededor del año de 1999 y continúan activas hoy en día. Las principales asociaciones son FUPAC, ANUPAC y ASOUPAC. Estas asociaciones no solo están para ayudar a usuarios que empiezan sus proyectos actualmente o lo han iniciado recientemente, sino también reclaman por las malas resoluciones que se le ha dado a los casos de los deudores hipotecarios víctimas del sistema que iniciaron acciones más de 5 años.
• Hoy en día, “Los usuarios hipotecarios siguen haciendo constantes denuncias, inclusive en los Consejos Comunales del Gobierno Uribe, sobre el incumplimiento constante por parte de las entidades financieras de los fallos de la Corte Constitucional que protegen sus derechos” .
• Como consecuencia de esta ineficacia, y del escepticismo por parte tanto de los usuarios como de sus asociaciones, se adelantan actualmente proyectos de ley que buscan, no solo la protección y ayuda a los usuarios y afectados, sino, además para crear una nueva fórmula para calcular créditos futuros. Uno de estos proyectos lo adelantan actualmente los senadores Alexandra Moreno, Manuel Virgüez y la representante a la cámara Gloria Stella Díaz. El proyecto busca, principalmente, que se asignen “subsidios de vivienda a los usuarios financieros afectados por el sistema UPAC y UVR”
• Por otro lado, la ley 546 de 1999 sobre la financiación de la vivienda, vigente hoy, es vista como inadecuada pues dicen que tiene un error en el análisis financiero, no teniendo en cuenta todos los factores socio-económicos de las familias que solicitan este tipo de créditos .
En el proyecto se recogieron pruebas empíricas dentro del trabajo de campo, de donde se extraen conclusiones muy concretas sobre la sentencia.
En primer lugar se recogieron las opiniones (por medio de encuestas) de una muestra de 100 personas, en donde se intentó establecer qué efecto tuvo la sentencia en cuanto a los resultados positivos, negativos o nulos que obtuvieron los afectados respecto a sus deudas y a sus esfuerzos por conservar sus viviendas. El 41.3% de personas encuestadas afirmaron no saber de la existencia de la sentencia que buscaba aliviar la crisis del UPAC, mientras que el 39.1 % de las personas que sabían de la existencia de la sentencia, afirmaron que ésta no fue efectiva en aliviar las deudas a los usuarios del sistema UPAC y que el resultado nefasto de la perdida de viviendas no cambió por la expedición de la sentencia. Esto, frente a un 54% que afirmaron saber de la existencia de la sentencia pero no conocer sus resultados.
Estas cifras sumadas a las acciones de grupo adelantadas en 2007 por 30.000 usuarios en la búsqueda de una indemnización por la pérdida de sus viviendas a causa del sistema UPAC, sirvió como evidencia para concluir que la sentencia no tuvo una eficacia simbólica. La gente no percibe la sentencia como una solución oportuna o eficaz para solucionar o aliviar la crisis que sufrieron los usuarios del UPAC.
Dentro del trabajo de campo también se realizaron entrevistas a afectados por el UPAC, a miembros de las organizaciones de deudores así como a economistas. Los resultados de los afectados por el UPAC fueron claros; la sentencia no ayudó a los deudores, no tuvo ningún resultado significativo y sobretodo no impidió que la gente perdiera sus viviendas después de invertir millones para pagarlas. En cuanto a las opiniones de los economistas; el cambio de sistema del UPAC al UVR no fue drástico y más bien fue una respuesta a la situación social que aquejaba al país en la época. La baja en las tasas de interés se dio, más que por este nuevo sistema, porque la inflación fue mucho más baja en los años siguientes.
Se recogieron también las cifras que existen sobre los procesos de los usuarios y la pérdida de viviendas por parte de estos. En este punto se encontraron informaciones contradictorias dependiendo de sus fuentes. A continuación se presenta un cuadro que intenta explicarlo (la imagen del principio).
Tomando entonces los datos y la evidencia recogida en las entrevistas, pudimos concluir que la sentencia no tuvo una eficacia instrumental significativa. Cientos de personas perdieron sus casas, otros cientos siguen endeudados y los procesos no prosperan como se supone que deberían prosperar. La crisis es alarmante todavía, y se evidencia sobretodo en la vigencia que tienen hoy en día las asociaciones que buscan ayudar a los afectados por el UPAC.
